Se ha vuelto habitual que los procesos culturales sean ahora examinados en relación con inversiones, mercados, y consumos. Se sitúa la creatividad de artistas y escritores, o la tarea de museos, medios y otras instituciones en relación con los intercambios internacionales y la globalización. Pero, junto a los derechos económicos de las empresas hay que considerar los derechos culturales de los ciudadanos. EN una época de industrialización de la cultura, estos derechos no se limitan a la protección del territorio, la lengua o la educación. El derecho a la cultura incluye lo que podemos llamar derechos conectivos, o sea el acceso a las industrias culturales y las comunicaciones.
